Cómo es un proceso judicial con procurador
Enfrentarse a un procedimiento judicial puede ser una experiencia compleja, especialmente para quienes no están familiarizados con el funcionamiento interno de los tribunales y las distintas figuras que intervienen en un juicio. Uno de los profesionales cuya labor resulta fundamental, y que a menudo pasa desapercibido para la ciudadanía, es el procurador. Aunque no se encarga directamente de la defensa legal, como lo hace el abogado, el procurador cumple funciones esenciales para garantizar que todo el procedimiento judicial se desarrolle de forma correcta, ordenada y dentro de los plazos establecidos por la ley.
En este artículo te explicamos de manera detallada cómo es un proceso judicial con procurador paso a paso, desde el momento en que se interpone la demanda hasta la posible ejecución de la sentencia. Conocer el rol que desempeña el procurador en cada fase del procedimiento no solo ayuda a comprender mejor cómo funciona la justicia, sino que también permite valorar la importancia de contar con un profesional que se encargue de representar procesalmente al cliente ante el juzgado, gestionando trámites, plazos y notificaciones con total diligencia.
La intervención del procurador aporta seguridad jurídica, eficiencia procesal y una comunicación fluida entre el juzgado, el abogado y el cliente. Desde la presentación inicial de documentos, la recepción de notificaciones judiciales, el seguimiento del expediente y, en su caso, la ejecución de resoluciones, el procurador está presente en todas las fases del procedimiento, cumpliendo una labor técnica y altamente especializada.
Si resides en Alicante y estás considerando iniciar un proceso judicial, esta guía te será de gran utilidad para conocer el recorrido completo y el acompañamiento que recibirás por parte del procurador. Su experiencia y conocimiento del entorno judicial local pueden marcar la diferencia en el desarrollo del procedimiento.
¿Cuándo es obligatorio contar con un procurador?
La Ley de Enjuiciamiento Civil establece de forma clara los supuestos en los que es obligatorio contar con la intervención de un procurador. En términos generales, esta figura es preceptiva en la mayoría de los procedimientos civiles o mercantiles cuya cuantía económica supere los 2.000 euros. Esto incluye demandas por reclamaciones económicas, incumplimientos contractuales, desahucios y muchos otros casos en los que el importe del litigio justifica la formalidad y garantías que aporta el procurador.
Además de la cuantía, también es obligatorio acudir con procurador en ciertos procedimientos por su naturaleza, como por ejemplo en procesos de familia contenciosos (divorcios, custodias, pensiones alimenticias), ejecuciones de sentencia, recursos de apelación, incidentes procesales y en muchos procedimientos mercantiles, entre otros. En todos estos casos, la intervención del procurador no es opcional: es un requisito legal imprescindible para que el procedimiento pueda tramitarse correctamente ante el juzgado. Para más detalles, puedes consultar los casos específicos en nuestro artículo cuándo es obligatorio tener procurador.
Sin embargo, incluso cuando la ley no exige expresamente su participación, contar con un procurador sigue siendo altamente recomendable. Su experiencia procesal permite gestionar los plazos con precisión, recibir y tramitar notificaciones de forma inmediata, y coordinar eficazmente con el abogado. Esta combinación aporta un plus de seguridad jurídica que puede evitar errores formales, retrasos innecesarios o incluso la pérdida de derechos por no cumplir correctamente con los trámites procesales.
Por tanto, tanto si el procedimiento lo exige como si no, la figura del procurador actúa como un garante del correcto desarrollo del proceso, lo que se traduce en una mayor tranquilidad para el cliente y en una mayor eficiencia en la gestión de su caso ante la justicia.
Preparación del procedimiento
Antes de que un procedimiento judicial pueda iniciarse formalmente, es necesario realizar una serie de pasos previos de carácter técnico y estratégico. Esta fase de preparación es clave para garantizar que todo el proceso se desarrolle sin incidencias, con la documentación adecuada y cumpliendo todos los requisitos legales. Una buena planificación inicial puede marcar una diferencia notable en el resultado final del caso, ya que evita retrasos, errores de forma o inadmisiones que podrían perjudicar al cliente. En este punto, tanto el abogado como el procurador comienzan a coordinar su trabajo para establecer una hoja de ruta clara y eficaz. Cada profesional asume un rol bien definido desde el inicio, asegurando una representación procesal sólida y bien fundamentada desde el primer momento. La preparación no solo consiste en recopilar documentos o redactar una demanda, sino también en analizar el contexto jurídico, valorar las vías procesales disponibles y anticipar posibles incidencias.
Contratación del abogado y del procurador
El primer paso esencial es acudir a un abogado especializado en la rama del Derecho que corresponda con el conflicto (civil, mercantil, familia, etc.). Este profesional será el encargado de estudiar el caso, asesorar jurídicamente al cliente y preparar los escritos iniciales, como la demanda o contestación. Una vez definida la estrategia legal, se requiere la designación de un procurador, quien asumirá la representación procesal del cliente ante el juzgado. Para ello, el cliente debe otorgarle un poder de representación, lo que puede hacerse de forma rápida mediante apud acta directamente en el juzgado o bien a través de escritura notarial. Este acto es más que una formalidad: es el punto de partida oficial para que el procurador pueda actuar en nombre del cliente durante todo el procedimiento judicial, con plena capacidad para recibir notificaciones, presentar escritos y realizar gestiones procesales.
Coordinación inicial entre abogado y procurador
Una vez otorgado el poder, comienza la fase de coordinación activa entre el abogado y el procurador. El procurador se convierte en el nexo de comunicación con el juzgado, actuando como receptor de todas las resoluciones, providencias y notificaciones que puedan emitirse. Su responsabilidad no se limita a presentar la demanda: también debe comprobar que todos los documentos están en regla, que se cumplen los plazos y que se siguen correctamente los cauces procesales previstos por la ley. Esta colaboración continua con el abogado permite optimizar recursos y
Inicio del procedimiento judicial
Una vez finalizada la preparación del caso, comienza oficialmente el inicio del procedimiento judicial. Esta fase marca el punto de partida del proceso ante los tribunales, y supone la activación de todos los mecanismos legales y procesales que conducirán a la resolución del conflicto. Es un momento especialmente delicado, ya que cualquier error en la forma, plazos o contenido puede suponer un rechazo de la demanda o un retraso innecesario. Aquí es donde el procurador comienza a desempeñar un papel esencial, asumiendo la representación procesal del cliente ante el juzgado desde el primer documento que se presenta. A partir de este punto, se da inicio a una secuencia ordenada de actuaciones procesales que deben cumplirse con rigurosidad. Todo el procedimiento se sustenta sobre una correcta presentación de los escritos, una tramitación precisa de las notificaciones y el cumplimiento estricto de los tiempos marcados por la ley. La intervención conjunta y coordinada entre el abogado y el procurador asegura que el expediente avance sin errores que puedan perjudicar al cliente. Este tramo inicial es determinante para que el proceso se encamine de forma favorable y eficiente, minimizando riesgos desde su origen.
Presentación de la demanda
El procedimiento arranca con la presentación de la demanda, redactada por el abogado y formalmente entregada por el procurador ante el juzgado competente. En este documento se exponen los hechos, los fundamentos jurídicos y las peticiones que se dirigen al órgano judicial. El procurador se encarga de revisar que todo esté conforme a la ley antes de registrarlo: verifica que la documentación anexa sea la adecuada, que se haya abonado la tasa judicial correspondiente (cuando sea exigible) y que la demanda se dirija al juzgado competente en función del tipo de procedimiento y la localización del conflicto.
Esta tarea, aunque pueda parecer meramente administrativa, requiere un conocimiento técnico preciso del sistema judicial. El procurador debe comprobar que no falte ningún requisito formal que pueda provocar una inadmisión. Una vez confirmada la validez del escrito, se presenta oficialmente y queda registrado. A partir de ahí, el juzgado valorará su admisión a trámite. Desde este momento, el procurador pasa a ser el canal oficial de comunicación entre el juzgado y el cliente. Su papel es crucial no solo en la entrega del documento inicial, sino en garantizar que el procedimiento se inicie con seguridad, solidez y sin errores que comprometan su avance. Una correcta presentación de la demanda sienta las bases para todo el desarrollo posterior del juicio.
Admisión a trámite y traslado a la parte contraria
Una vez que el juzgado revisa la demanda presentada y comprueba que cumple con todos los requisitos formales, emite una resolución por la que se declara la admisión a trámite del procedimiento. Este paso es clave, ya que marca el inicio formal del proceso judicial frente a la parte demandada. A partir de este momento, el procurador del demandante asume un papel fundamental como canal oficial para recibir todas las comunicaciones judiciales. Es él quien recibe la notificación de admisión y quien, en nombre del cliente, toma conocimiento de la resolución inicial. Posteriormente, el juzgado procede a notificar el contenido íntegro de la demanda a la parte contraria, que tendrá un plazo determinado para contestar.
Durante esta fase, el procurador también se encarga de controlar los plazos procesales y de asegurarse de que todas las notificaciones lleguen correctamente. Además, continuará recibiendo todos los escritos y resoluciones judiciales que se generen a lo largo del procedimiento. Esta gestión exige experiencia y atención constante para evitar errores o demoras. Si quieres saber más sobre cómo se gestionan estas comunicaciones, te recomendamos leer nuestro artículo sobre notificaciones judiciales y procurador.
Desarrollo del proceso
Una vez que la demanda ha sido admitida a trámite y notificada a la parte contraria, se da paso al desarrollo del proceso judicial propiamente dicho. Esta fase es una de las más activas y técnicas dentro del procedimiento, ya que implica la presentación de escritos, la proposición y práctica de pruebas, la celebración de vistas y, en su caso, la formulación de alegaciones adicionales. Aquí, el procurador actúa como figura clave para que cada una de estas etapas se realice dentro de los plazos legales y sin errores de forma. Es responsable de recibir las resoluciones judiciales, controlar los términos procesales, presentar los escritos que redacta el abogado y coordinar todas las acciones necesarias para que el expediente avance con eficacia.
Además, su presencia garantiza una comunicación fluida entre el juzgado y el resto de intervinientes procesales. Esto permite evitar retrasos innecesarios o nulidades por incumplimiento de requisitos formales. El desarrollo del proceso requiere especial atención, ya que en esta fase se expone el conflicto en profundidad y se preparan los argumentos que sostendrán la resolución judicial. El seguimiento constante del procurador en esta etapa es esencial para asegurar que el caso no se paralice y que todas las diligencias se lleven a cabo conforme a lo previsto. Sin esta supervisión profesional, el expediente podría sufrir importantes demoras o incluso verse afectado por la pérdida de oportunidades procesales. El desarrollo del juicio, por tanto, no es solo un intercambio de escritos, sino una fase estratégica que requiere coordinación, rigor y conocimiento técnico por parte de todos los profesionales implicados.
Contestación a la demanda
Una vez notificada, la parte demandada dispone de un plazo legal para presentar su contestación a la demanda. Este escrito, preparado por su abogado, es presentado ante el juzgado a través de su procurador, quien lo registra formalmente. El procurador actúa como intermediario, asegurándose de que la documentación llegue en tiempo y forma. Además, recibe nuevas notificaciones judiciales derivadas de esta respuesta, que serán comunicadas inmediatamente al procurador del demandante.
Este último, a su vez, traslada la información al abogado que lleva la defensa, permitiendo preparar la estrategia para responder a los argumentos de la parte contraria. Esta coordinación procesal entre procuradores, abogados y el juzgado es esencial para que el procedimiento avance de forma ordenada. La actuación diligente de ambos procuradores garantiza el respeto de los plazos y la correcta circulación de la información entre las partes implicadas.
Pruebas, vistas y alegaciones
En esta etapa se abre la fase probatoria, donde ambas partes tienen la oportunidad de aportar medios de prueba que respalden sus argumentos. Estos pueden incluir documentos, testigos, peritos o cualquier otro elemento admitido por la ley. El procurador se encarga de gestionar formalmente la presentación de estas pruebas ante el juzgado, velando porque se cumplan los requisitos procesales en cada caso.
Si el procedimiento lo requiere, se señalará una vista judicial, donde las partes comparecerán para exponer sus alegaciones oralmente. El procurador asiste a dicha vista si es convocado, asegurándose de que todo el material procesal esté correctamente incorporado al expediente. También puede encargarse de la entrega de copias, la solicitud de citaciones o la gestión de requerimientos. Su papel es garantizar que esta fase se desarrolle sin errores y que todos los actos queden debidamente acreditados.
Coordinación y seguimiento
Durante todo el procedimiento, el procurador cumple una función constante de coordinación y seguimiento del caso. Está en comunicación permanente con el abogado, informando de cada nueva resolución, providencia o requerimiento del juzgado. Esta labor es clave para que el expediente no sufra paralizaciones o dilaciones innecesarias. El procurador revisa de forma diaria el estado del proceso, controla los plazos y verifica que cada actuación se realice dentro de los términos establecidos por la ley.
En caso de detectar una situación de inactividad procesal, puede ejercer lo que se conoce como impulso procesal, es decir, solicitar al juzgado que continúe con la tramitación. Gracias a esta figura, se evita que el expediente quede estancado por errores formales o falta de actuación de alguna parte. Si deseas profundizar en los tipos de gestiones que realiza el procurador en esta fase, puedes consultar nuestro artículo sobre trámites judiciales que gestiona un procurador.
Sentencia
Finalizadas todas las actuaciones procesales, el juez dicta la sentencia que resuelve el fondo del asunto. Esta resolución es notificada oficialmente al procurador de cada parte, quien la traslada tanto al abogado como al cliente. El conocimiento de la sentencia por parte del procurador es inmediato, ya que es el canal de comunicación oficial con el juzgado. A partir de esta notificación, comienza a correr el plazo legal para presentar recurso si alguna de las partes no está conforme con el fallo emitido.
En caso de apelación, el procurador actúa siguiendo las instrucciones del abogado, presentando el escrito correspondiente y gestionando todas las notificaciones y comunicaciones derivadas de esta nueva fase. Su intervención resulta fundamental para asegurar que el recurso se interponga correctamente, sin errores ni demoras. Puedes conocer más sobre su papel en este momento tan decisivo en nuestro artículo sobre funciones del procurador.
Ejecución de sentencia
Cuando la sentencia es firme y no se ha presentado recurso, o bien cuando se resuelve el recurso y la resolución se convierte en definitiva, se abre la fase de ejecución. Esta se inicia si la parte condenada no cumple voluntariamente lo dispuesto por el juez. En ese caso, el abogado redacta la demanda ejecutiva, solicitando al juzgado el cumplimiento forzoso de la sentencia. El procurador presenta dicha demanda, adjuntando la documentación acreditativa necesaria.
Durante esta etapa, el procurador desempeña un papel muy activo: tramita embargos, solicita información patrimonial del deudor, presenta mandamientos dirigidos a bancos, registros o administraciones, y realiza un seguimiento constante para verificar el avance de la ejecución. Su intervención diligente es clave para obtener resultados efectivos. En nuestro artículo sobre ventajas de contratar un procurador puedes descubrir cómo su actuación mejora notablemente el éxito de esta fase del procedimiento.
Asistencia en cada paso del proceso
Como hemos visto, el procurador interviene en todas las fases del juicio: inicio, desarrollo, resolución y ejecución. Su experiencia técnica y conocimiento del entorno judicial permite:
- Evitar errores procesales que puedan retrasar el procedimiento.
- Recibir notificaciones sin demoras.
- Controlar estrictamente los plazos legales.
- Presentar escritos correctamente y a tiempo.
- Agilizar trámites y resolver incidencias con el juzgado.
Si deseas saber más sobre cómo puede ayudarte una procuradora especializada en civil en Alicante, puedes visitar nuestra página informativa. Allí encontrarás los servicios que ofrecemos y cómo adaptamos cada actuación al tipo de procedimiento y necesidades del cliente.
También puedes consultar nuestra sección de servicios de procuradora en Alicante para ver el alcance completo de las gestiones que realizamos en sede judicial.